México prohíbe terapias de conversión sexual con penas de cárcel

En un acto histórico para la lucha por la igualdad y contra la discriminación, la Cámara de Diputados de México, a través de su Comisión de Igualdad de Género, ha aprobado una reforma legal que prohíbe y sanciona con prisión las llamadas terapias de conversión sexual en todo el territorio nacional. La diputada Julieta Vences Valencia, presidenta de la Comisión y miembro de Morena, celebró la decisión, enfatizando que estas prácticas constituyen una grave violación de los derechos humanos y atentan contra la libre orientación sexual e identidad de género de las personas.

La legislación recién aprobada, que modifica el Código Penal Federal y añade un artículo 465 Bis a la Ley General de Salud, establece penas de dos a seis años de prisión, además de multas económicas significativas, para quienes realicen, promuevan o financien cualquier tratamiento, terapia, servicio o práctica dirigida a cambiar la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona. Las sanciones se incrementarán en casos que involucren a menores de edad, adultos mayores o personas con discapacidad, así como en situaciones donde exista una relación de subordinación o se emplee violencia.

Esta medida surge en respuesta a las alarmantes cifras reveladas por la Encuesta Nacional sobre la Diversidad Sexual y de Género del Inegi en 2021, que indican que cerca de 1.2 millones de personas en México han sido sujetas a intentos de «corregir» su orientación sexual o identidad de género. Las terapias de conversión, según Vences Valencia, son comparables a prácticas de tortura y han demostrado tener efectos devastadores en la salud mental y física de quienes las padecen, incrementando el riesgo de depresión, abuso de sustancias y suicidio.

Con la aprobación de estas reformas, México se posiciona como un país pionero en América Latina en la protección de los derechos de la población LGBTTIQ+, reafirmando el compromiso del Estado con el respeto a la diversidad y la inclusión. Este avance legislativo no solo representa un golpe significativo a la discriminación y el prejuicio, sino que también es un paso fundamental hacia la construcción de una sociedad más justa y equitativa para todos.

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